El objetivo principal es instar a las autoridades educativas a fijar de manera inmediata la fecha de inicio de clases para los respectivos cursos y tecnicaturas.
La presentación, respaldada por la firma de 94 aspirantes de la provincia, fue presentada ante el Ministerio de Educación en una muestra unánime de la necesidad de resolver esta situación. La Defensoría del Pueblo se une a esta causa para asegurar que los derechos educativos de los aspirantes no se vean vulnerados y que puedan iniciar sus estudios de forma oportuna.
En línea con esta presentación, el Defensor del Pueblo ha enviado una nota reiterativa de la resolución emitida el 12 de enero de 2024. En dicha comunicación, se insta al Ministerio de Seguridad a trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Educación, buscando una pronta resolución a este importante tema. Es fundamental que ambas entidades colaboren estrechamente para permitir a los aspirantes culminar sus estudios y avanzar en su formación académica.
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