La Defensoría del Pueblo solicitó a la Agencia Nacional de Discapacidad la provisión inmediata un medicamento vital para un niño de 7 años

 

El Defensor del Pueblo de San Luis, Dr. Enrique Ponce, ha dirigido una solicitud urgente al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo; en referencia al caso de un niño, oriundo de Fortuna, que desde el mes de diciembre no recibe un medicamento vital para su salud. La misma solicitud también fue dirigida al subdirector de la Unidad de Gestión Provincial San Luis de Incluir Salud, Osvaldo Rodríguez.

El niño en cuestión, de 7 años de edad, es titular de una pensión no contributiva y se encuentra bajo la cobertura del Programa Federal Incluir Salud, ya que presenta una condición de salud llamada granulomatosa crónica, la cual requiere un tratamiento prolongado y específico. El medicamento necesario para su bienestar, Posaconazol, no le ha sido suministrado desde diciembre de 2023, lo que pone en riesgo su vida.

Ante esta situación y la falta de respuesta por parte del organismo nacional pertinente, la madre del niño ha realizado los respectivos reclamos ante la Defensoría del Pueblo. Por su parte, los médicos que atienden al niño en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, han emitido un informe urgente indicando que la interrupción del tratamiento aumenta significativamente el riesgo para la salud del niño.

La situación se agrava por la falta de recursos económicos de la familia, quienes se encuentran desocupados y dependen exclusivamente de la pensión del niño y asignaciones familiares. 

En este contexto, el Defensor del Pueblo de San Luis exige a la ANDIS la cobertura total e inmediata del tratamiento médico del beneficiario, así como la garantía de provisión regular de medicación en el futuro. En su solicitud, el Dr. Ponce Se destaca que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental, respaldado tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales.

Esta solicitud se fundamenta en la urgencia de preservar la vida y salud del beneficiario, así como en el marco legal que obliga a las entidades a garantizar el acceso a la atención médica necesaria.