La había impulsado el Ejecutivo para que las investigaciones vuelvan al ámbito de la Justicia federal, al menos por un año hasta estudiar bien la situación. La gestión anterior había puesto esa responsabilidad en los jueces provinciales, una medida que no había funcionado en otras jurisdicciones y además nunca había sido reglamentada.
El gobernador Claudio Poggi promulgó la ley que suspende por un año la desfederalización del narcomenudeo, una medida tomada por el gobierno de Alberto Rodríguez Saá que en realidad nunca había sido reglamentada y, además, está probado que no funcionó en las provincias que la implementaron.
La normativa, a la que San Luis adhirió en septiembre de 2022, permitía que infracciones como la venta, entrega, suministro y distribución de estupefacientes en pequeñas cantidades destinadas al consumidor final (lo que se conoce como narcomenudeo) sean investigadas directamente por la Justicia de San Luis. No obstante, la provincia nunca desarrolló un protocolo de actuación ni implementó la medida de manera efectiva.
No significa abandonar la lucha contra el narcotráfico, sino que el camino es que la Justicia federal, con la asistencia de la Policía provincial, puedan combatir este tipo de delitos.
Entre los principales fundamentos se destacan las estadísticas de la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que indican que en otras provincias donde está en vigencia la ley, como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Formosa y Salta, no se han obtenido resultados positivos.
La falta de coordinación en las investigaciones ha dificultado la sanción a los grandes narcotraficantes, reduciendo las acciones principalmente a casos de comercialización en pequeñas dosis. Además, ha llevado a un aumento en los casos de tenencia y consumo personal, sin impactar significativamente en el tráfico de drogas a gran escala.
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