Según la investigación, los hombres ingresaron al domicilio alrededor de las 2:15 horas tras forzar una abertura, donde sustrajeron diversos elementos de valor y, posteriormente, privaron de la libertad a la propietaria de la vivienda. La fiscalía, representada por Cesar Hugo Salazar Molina, fiscal de Instrucción, y Silvina Ayelén Arguello, fiscal adjunta, solicitaron que ambos acusados sean condenados a la pena de siete años de prisión efectiva.
El abogado defensor, Omar Becerra, solicitó que se disponga la nulidad de la acusación por no haber podido acceder a las diferentes causas en el sistema informático y por haberse presentado la acusación de manera extemporánea. También señaló que varios expedientes relacionados tienen acceso restringido para la defensa técnica, lo cual impidió realizar el cotejo correspondiente.
Respecto a los dichos de la defensa, la Fiscalía argumentó que el abogado de los imputados no solicitó el acceso a los expedientes relacionados a la causa como tampoco realizó el pedido de dicho inconveniente a Informática, y que todos los expedientes relacionados están acumulados al expediente principal.
El Ministerio Público Fiscal también afirmó que se cumplieron los plazos legales y que la investigación penal preparatoria concluyó tres días antes de la presentación de la acusación.
Becerra solicitó además la suspensión de juicio a prueba con la realización de tareas comunitarias por parte de los imputados y el pago de una compensación económica a favor de la víctima de 800 mil pesos. Respecto a este punto, los fiscales se opusieron al pedido y alegaron que por ley no habría lugar a dicho beneficio.
El juez, luego de escuchar a cada una de las partes, resolvió rechazar los pedidos de suspensión de juicio a prueba y el de nulidad formulado por la defensa, y ordenó la apertura a juicio contra los dos acusados.
Además, dispuso que la causa deberá tramitar por ante un Tribunal Unipersonal/ Colegiado conformado por miembros de la Sala Penal de la Cámara de la Tercera Circunscripción Judicial y admitió para la etapa del juicio oral las pruebas ofrecidas por las partes conforme se debatió en la audiencia de control celebrada el 13 de febrero. El expediente fue remitido a la Cámara de Apelaciones, Sala Penal, para que en el término de tres días se proceda al sorteo correspondiente.
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