Según la acusación fiscal, los imputados cometieron distintos delitos que fueron descriptos de la siguiente manera:
A Tonelli y Apaza se las acusa de:
Asociación ilícita y falsificación de documentos públicos y privados. Ambos delitos se consideran cometidos en concurso real, lo que significa que se los trata como delitos independientes, sumando sus penas en caso de condena.
A Toledo (pareja de Tonelli y empleado estatal) se lo acusa de:
Defraudación a la administración pública, falsificación de documentos (estos dos delitos están en concurso ideal, lo que significa que con un solo acto se habrían cometido ambos delitos), y asociación ilícita.
En este caso, todo se considera en concurso real con la asociación ilícita, lo que indica que este último delito es independiente de los otros y se sumaría a la pena en caso de condena.
Por todos estos hechos, el Ministerio Público Fiscal, representado por Roche y la fiscal adjunta, Alejandra Quiroga Nassivera, solicitaron cinco años de prisión para cada uno de los acusados.
“Entendemos que entre los tres imputados existía un plan en común a efectos de falsificar y comercializar documentos apócrifos, documentos tanto de carácter público como de privado, con una clara división de tareas en lo que nosotros denominamos esta asociación ilícita”, narró Roche.
Para la Fiscalía, Tonelli ofrecía los certificados a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp y Toledo recibía los pagos y además hacía uso para beneficio personal de los certificados apócrifos.
Respecto de Apaza, el fiscal dijo que imprimía los documentos que la pareja le enviaba y que tenía conocimiento de las maniobras ilegales. “Ella lo que hacía era imprimir las cosas que ambos imputados le mandaban siendo estos documentos de carácter apócrifo y que nosotros entendemos que Apaza tenía conocimiento de ello, sino que incluso hacía bastante tiempo que tenía conocimiento de este accionar y conocía bien a ambas personas”, cerró el fiscal.
En representación del Estado Provincial, intervino el jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, quien adhirió a los planteos de Roche. Tonelli y Toledo son representados por el abogado Federico Farías mientras que la defensa de Apaza está a cargo de Héctor Zabala Agüero.
La jueza definirá en 48 horas qué pruebas serán admitidas en el juicio oral
En el marco de la audiencia de control, las partes presentaron sus pruebas y testigos. Durante la audiencia, la defensa planteó impugnaciones sobre algunos de los elementos propuestos, principalmente con la incorporación de testigos ofrecidos por la Fiscalía y la querella.
“Quieren meter pruebas por la ventana y nos vamos a oponer. Uno de los testigos que rechazamos es una inspectora que, sin autorización de la justicia, actuó como agente encubierta, llamó a mis clientes y los indujo al error,”, dijo Farías.
Luego de escuchar a las partes, la jueza Dopazo dispuso de un cuarto intermedio de 48 horas para resolver cuáles de las pruebas ofrecidas serán admitidas en el juicio y cuáles quedarán excluidas.
La declaración de Apaza
Graciela Apaza hizo uso de su derecho de declarar ante la jueza y contó que conoce a las otras dos personas imputadas porque eran clientes de su negocio y que jamás se fijó que tipo de documentos o copias le enviaban a imprimir o fotocopiar.
“Puse el negocio a los 15 años con mi familia. Empecé a vender verdura y mercadería y después de un tiempo compré los aparatos para imprimir y fotocopiar. Y de ahí empecé a sacar impresiones para todos mis vecinos. Y como vienen clientes se saca fotocopia, yo no me pongo a leer lo que sacan”, declaró la mujer.
Y añadió: “Y a estas personas (por Tonelli y Toledo) no los conocía. Vinieron como clientes que venían a sacar fotocopias. Siempre a ellos siempre les cobraba la impresión a 100 pesos, como a todos. Nada más. Me habrán mandado archivos para que yo se los saque, yo se los saco. Nunca me puse a leer. Nunca. Eso es lo único que puedo decir”.
La causa
El caso se conoció el 6 de marzo de 2024, cuando un médico denunció en la Unidad de Abordaje Fiscal que su firma y sello habían sido utilizados sin su autorización para emitir documentos apócrifos. A partir de esta denuncia, se inició una investigación en conjunto con el Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial de San Luis. Con la colaboración de la empresa Meta, se logró identificar a los administradores de la cuenta vinculada a la venta ilegal de certificados.
En uno de los allanamientos en el domicilio de Tonelli y Toledo se secuestraron recetarios médicos con firmas y sellos falsificados, formularios de ANSES, copias de DNI, hojas de prueba de sellos y el teléfono celular de Tonelli.
Según detalló Roche, un peritaje caligráfico confirmó que las firmas y sellos en los documentos incautados eran falsificados. Además, en el celular de Tonelli se hallaron conversaciones que evidencian la venta de certificados médicos por montos que iban de $1.200 a $2.000, dependiendo de la cantidad de días justificados. Los pagos se realizaban a través de Mercado Pago, en una cuenta registrada a su nombre.
Entre los archivos recuperados, se encontraron también certificados de apto médico para la Liga Sanluiseña de Fútbol, formularios de ANSES para asignaciones familiares, libretas sanitarias y otros documentos utilizados para justificaciones laborales y escolares. También se constató que la imputada ofrecía estos certificados mediante estados de WhatsApp.
Con el avance de la investigación, se realizaron nuevas pesquisas a los teléfonos de la pareja acusada, lo que dio por resultado la aparición de una tercera persona, Apaza Señani, indicada como la encargada de imprimir los documentos apócrifos.
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