AMBIENTALISTAS DENUNCIAN CONTAMINACION DIQUE LA FLORIDA

Ecocultura, FOAPRA y Samay Huasi, presentan al periodismo la carta enviada al Señor Gobernador en el dia de Ayer, por motivo de la denuncia de contaminacion del Dique de la Florida



San Luis 18 de Marzo de 2009.
Al Señor Gobernador:
Alberto Rodríguez Saa.
S__________________D

Nos dirigimos a Usted, con motivo de conmemorarse el 22 de marzo el “DIA
INTERNACIONAL DEL AGUA”, y por la permanente preocupación que las
Organizaciones de la Sociedad Civil mantenemos respecto a la articulación de la incipiente
política ambiental en nuestra Provincia, donde prácticamente no tenemos participación,por
tal motivo nos dirigimos al Señor Gobernador con fines de expresar lo siguiente:
Desde la celebración en junio de 1992 de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la República Argentina ha venido desarrollando
múltiples acciones en el campo de la política y la gestión ambiental, tanto en el nivel
interno como externo para dar cumplimiento con algunos de los compromisos políticos que
surgen de la Agenda 21.
A partir del mandato de la 55º Asamblea General de las Naciones Unidas y de la
Comisión de Desarrollo Sustentable en su VIII Período de Sesiones, los países miembros
deben efectuar el proceso de evaluación y examen crítico de las acciones desarrolladas para
lograr la implementación de la Agenda 21, de la cual esta provincia no ha sido beneficiada
, ni se ha logrado consolidar la misma, pese a las propuestas que han llegado desde la
Sociedad Civil, primeramente a algunos municipios, donde ni siquiera saben que es la
Agenda 21.
La pregunta que surge entonces es: ¿cómo una provincia puede hablar de
desarrollo, por sí solo, y avanzar en la promoción de la sustentabilidad, sin que se haya
promovido un verdadero debate y una revisión profunda sobre los reales alcances del
degradado concepto que engloba el desarrollo sustentable?
¿Es posible que los Sres. Funcionarios piensen y reflejen sus pensamientos en la
reducción teórica, y desde allí implementar los proyectos ambientales de cuales los que
vivimos en San Luis posteriormente debemos acatar y respetar?
Es que: ¿hay olvido que, la sustentabilidad implica el cumplimiento de ciertas
condiciones básicas esenciales, ya descritas, enunciadas y reorientadas en innumerables
documentos pre y post Río.?
El desarrollo sostenible es un proceso dinámico en el que el manejo de los recursos
naturales, la potenciación del ser humano y los valores culturales, los mecanismos de
información y participación ciudadana, el enfoque del desarrollo científico y tecnológico, la
formulación de nuevos esquemas legales y administrativos, la orientación de la economía y
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la adopción e incorporación de principios éticos de responsabilidad ambiental, fortalecen
las opciones para satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de las
personas.
Una gestión ambiental legítima, transparente y socialmente consensuada, es posible
sólo a través de la concurrencia de los intereses y preocupaciones de la comunidad local,
de los académicos, de ONG’s, de los propios afectados y sus culturas, de los grupos de
opinión, de los trabajadores, de los sectores productivos y de la ciudadanía organizada. La
participación permite reconocer las legítimas diferencias entre las partes, así como buscar
acuerdos y consensos ambientales.
No obstante ello no podemos dejar de señalar que las principales dificultades que
posee San Luis es el ejercicio ciudadano ,el cual podemos resumirlo como la participación
activa de la sociedad civil: “ La sociedad civil es una red asociativa que comprende todos
los intereses sociales y facilita la participación de los ciudadanos que forman parte de un
sistema político. La asociatividad de las organizaciones tradicionales formales disminuye
mientras se aumenta la participación en asociaciones con objetivos específicos y claros.
Así, las organizaciones de la sociedad civil promocionan el desarrollo de capacidades
sociales y políticas de los ciudadanos, en lo que Putnam (1993) ha denominado como la
formación del capital social. La asociatividad forma parte de las virtudes de los ciudadanos
que participan en la gobernabilidad democrática y limita los excesos populistas,
corporativistas y clientelares de los gobiernos. El fortalecimiento de la sociedad civil se
logra a través de la participación ciudadana en los asuntos públicos y en el involucramiento
ciudadano en los ámbitos de gestión pública local. Una sociedad civil marginada no
permite el acceso de los ciudadanos al mercado político ni al disfrute de los bienes
públicos democráticos. En las autocracias, los ciudadanos perciben que pueden proveerse
los bienes públicos por sí mismos que como lo hacen los grandes Estados en donde los
grupos demandan mejores arreglos institucionales para hacer un uso más efectivo de los
recursos... Homogeneidad y rigidez de normas son obstáculos a la autonomía de los
procesos de descentralización que no permite a los gobiernos locales que avancen en
función de sus propias posibilidades, oportunidades y potencialidades, definiendo sus
propias instancias y mecanismos de participación, los cuales se orientan a la gestión de
proyectos y construcción de obras sin otorgar a los ciudadanos el poder de decisión para
convertirlos en actores políticos.El reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en un
Estado de Derecho y un sistema democrático, constituyen la base de los procesos de
descentralización y el control de lo social. Entre otras ventajas, las organizaciones
gubernamentales están en contacto estrecho con la ciudadanía de una comunidad para
ejercitar su acción social y atender sus propias necesidades mediante estrategias la
planeación, financiamiento, producción, distribución y consumo de bienes y servicios
públicos. La ciudadanía tiene que participar en la gestión de los servicios públicos para
legitimar las acciones de un Estado ágil, con un gobierno de integración y equilibrio social
y que atiende a las demandas sociales.”1.
1Luis Vega Vergara. “La falacia de la ciudadanía global” Congreso Bolivariano de los Pueblos, Caracas,
Maracaibo, Venezuela 2004.
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Continuando en el ámbito de la dimensión social del principio de sostenibilidad los
ambientalistas reconocemos en la valoración de la calidad ambiental no sólo un tema
eminentemente técnico, sino un proceso de decisión colectiva y participativa. Es el propio
cuerpo social el que realiza la valoración y la exige expresada como un derecho, sin olvidar
que estos mismos derechos que la sociedad reconoce evolucionan con el tiempo
De hecho, puede decirse que Argentina ha establecido una estrategia tendiente a la
protección ambiental, más que un planteamiento estratégico a favor del desarrollo
sustentable., y San Luis también va por el mismo camino. No es algo meramente
semántico, sino que responde a una realidad. En consecuencia, el planteamiento estratégico
del cual tanto se habla, se ha orientado y limitado al objetivo de atenuar algunos de los
impactos ambientales originados en el proceso de desarrollo, más que a sentar las bases que
posibilitarían un radical cambio en el actual modelo de desarrollo, caracterizado por su
insustentabilidad.
No desconocemos que inmerso en el paradigma imperante, la provincia ha dado
los primeros pasos en materia ambiental, adoptando un marco legislativo que
lamentablemente no se cumple, porque los órganos de aplicación no funcionan. Entre los
puntos a debatir tenemos:
A) La articulado el Plan E.V.I.T.A que no ha sido consensuado por la ciudadanía,
ni por la sociedad civil en su conjunto, este Plan va aparentemente a favor de la protección
ambiental, pero muy alejado aún de la meta deseable para toda la humanidad, que implica
el desarrollo sustentable. No es simplemente el proyecto Kyoto, la forestación o la agenda
21, es mucho más que eso, percibimos una visión, predominantemente centrada en la
protección ambiental, y los microemprendimientos turísticos , que se sustenta en
imperativo dogmático a la aparente contradicción entre desarrollo económico y calidad
ambiental y a partir de ello, se han definido cuáles pueden ser las principales amenazas
ambientales: los impactos de las diferentes formas de contaminación sobre la salud humana
y las pérdidas registradas en la diversidad biológica.( desde una postura teórica se ve bien,
mas los elementos prácticos no se aprecian.)
En otras palabras se plantea desde el Plan Evita La legalización del cuidado del
medio Ambiente como externalidad económica, y los costo de ellas recaen sobre la
sociedad en general, especialmente lo que tiene que ver con la remediación ambiental,
siendo los responsable libres de todo costo o de responsabilidades. Ello ocurre por que los
respectivos ministerios no cumplen sus funciones en la regulación, control y fiscalización
de las leyes sancionadas, y las penas no recaen sobre los responsables.
B) Por otra parte en Cuanto al sistema de areas protegidas regidas por Ley
Nº IX-0324-2004 (5735) Areas protegidas Ley N° IX-0309-2004 (5421), Ley Nº IX-
0324-2004 (5735). Se observa una falta de mecanismos efectivos para la interacción y
coordinación entre los diferentes ministerios y competencias, por cuanto no hay
esfuerzos desde los mismos tendientes al fortalecimiento institucional de las
administraciones provinciales de AP.
Percibimos amenazas de diverso tipo sobre las áreas protegidas: como son las
estrategias de desarrollo y/o de microemprendimiento que ponen en riesgo a estos sitios
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(obras de infraestructura (represas, diques, etc.), actividades humanas como la introducción
voluntaria o involuntaria de especies animales y vegetales exóticas, caza furtiva y captura
para el mercado de especies protegidas, sobreutilización de las especies arbóreas y
herbáceas nativas ,y actividades contaminantes de origen externo, que se se oponen
totalmente con lo propuesto por los organismo internacionales , y que las leyes
ambientales provinciales mencionan, tales como la U.I.C.N , por ejemplo
Se percibe una falta de financiación adecuada para el sistema de AP, sea
proveniente de los presupuestos públicos, como de la debilidad para generar fondos
propios, procedentes del uso público u otras fuentes. Ello determina la incapacidad para
mantener el personal ( guarda parque, guarda fauna, bomberos forestales) e imposibilita la
inversión en capacitación permanente acorde a los cambios locales y globales. La
imposibilidad de mantener la infraestructura física y lograr un equipamiento mínimo
operativo. Vemos como tres Ministerios intervienen sobre problemas de un mismo
ambiente sin que sus gestiones resulten efectivas.
El sistema de Áreas protegidas de la Provincia no cuenta con sus diagnósticos
para la elaboración de los respectivos planes de manejos, porque el Ministerio de Medio
ambiente sigue insistiendo que es competencia exclusiva efectuarlos, siendo que la misma
ley dice lo opuesto ” Elaborar los Planes de Manejo de cada Área del Sistema de
Áreas Naturales Protegidas en coordinación con los Organismos Consultivos
Regionales a crear”2, lo que viola leyes nacionales y tratados internacionales, ya que la
tendencia y las sugerencia es que lo efectúen los organismos de la sociedad civil , para
darle mas transparencia a las políticas publicas. Es inconcebible plantear que un organismo
de aplicación puede ser juez y parte de un proceso de plan de manejo ambiental. La agenda
21 por ejemplo posee un cúmulo de experiencias de la sociedad civil en varios países
sudamericano tales como Perú, Ecuador, Chile, Colombia, que han contado con fondos
internacionales otorgados fundamentalmente por ciudades españolas.
C) Observamos por otra parte, una disminución de la capacidad de los organismos
provinciales para mantener la infraestructura hídrica, que comprende tanto las obras civiles
(con sus respectivas evaluaciones de impacto ambiental , los continuos y sistemáticos
monitoreos ,como así mismo no cuentan con las instalaciones, el equipamiento para la
investigación y la formación de especialistas para estos fines.
Aún así, está claro que para resolverlo esto es imprescindible promover una mayor
conciencia hídrica en todos los niveles de gobierno, para procurar una mayor canalización
de recursos nacionales, provinciales y municipales hacia el mantenimiento de la
infraestructura. En cuanto a los recursos hídricos de la provincia observamos que:

falta de mayor conciencia hídrica entre la población, dado que esto
es también indispensable en muchos casos para que los usuarios o vecinos de las
obras hídricas las cuiden en lugar de dañarlas;
2 Ver: Ley N° IX-0309-2004 (5421), ARTICULO 6º.-
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inadecuada gestión del agua subterránea, que dificulta las acciones
dirigidas a conservar el recurso. También en este caso es importante dar más
impulso a la promoción de una mayor conciencia hídrica, con el fin de facilitar a los
diferentes niveles de gobierno la imposición de sistemas de gestión que pueden ser
resistidos inicialmente por los afectados directos; a ello se agrega que la deficiente
gestión del agua subterránea es otro factor que explica en parte la falta de
coordinación entre la expansión de las redes de agua potable y las redes de
recolección de aguas servidas, contribuyendo a la contaminación de los acuíferos y
a menudo a un ascenso perjudicial de la freática.
Algunas propuestas,
Inicio de la elaboración de los planes de
descontaminación y/o prevención correspondiente a las principales
cuencas hidrográficas en situación de incumplimiento.
Puesta en operación de programas pilotos para el
manejo integral de cuencas hidrográficas.
Avance en la determinación de metodologías de
evaluación y operación aplicables a proyectos de infraestructura
pública, que puedan afectar zonas de áreas protegidas.
elaborar un manual de operaciones, que entregue
criterios y metodologías de acción.
D) La situación ambiental : San Luis evidencia procesos de deterioro más graves de
lo esperable para una provincia con generosos recursos económicos disponibles, y, que en
algunos casos determinan condiciones críticas en la calidad de vida de la población.(
ejemplo de barrioS ubicados en la periferias de la Ciudad de San Luis .Gran parte de estos
problemas son el resultado, principalmente, de una forma de ocupación del territorio que no
tuvo en cuenta sus restricciones y potencialidades, junto con un marco de reglamentación
demorado e inadecuado y un déficit de décadas en materia de infraestructura sanitaria y de
tratamiento de excretas. Estos casos los vemos en varios barrios incluso de San Luis
Capital, ello como consecuencia de una fragmentación de responsabilidades institucionales
y falta de coordinación, se ha producido un marco institucional regulatorio confuso para la
gestión ambiental del sector.
El saneamiento básico es deficitario de allí que la población que carece de un
abastecimiento seguro de agua( que convengamos en cualquier país civilizado no es turbia)
y de un saneamiento adecuado de sus excretas, asociado por un lado por políticas
municipales irresponsables que vienen de larga data , que de un modo u otro afecta a un
bajo nivel socioeconómico ( que no puede adquirir agua en bidones y de mejor calidad),
constituye la población vulnerable al riesgo sanitario, o sea con mayor exposición a
contraer enfermedades relacionadas con el agua.
Asimismo, la población que recurre a soluciones individuales tanto para la
extracción de agua subterránea como para la colección de sus excretas, es considerada
como población en riesgo sanitario, dado que frecuentemente estos sistemas individuales no
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reúnen las condiciones mínimas de seguridad sanitaria, por funcionamiento inadecuado,
falta de mantenimiento o por la contaminación de las napas subterráneas.
La población con situaciones deficitarias en servicios de agua potable y
saneamiento, en particular la primera, se considera “población en riesgo sanitario” o
expuesta a contraer enfermedades relacionadas con el agua.
E) El marco jurídico del sector no cubre la totalidad de los aspectos que hacen al
mejoramiento de la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios, a la protección
ambiental, a la ejecución y financiamiento de las inversiones, a la aplicación de regímenes
tarifarios eficientes(hay deudas históricas del consumo de agua) y a sistemas de subsidios
equitativos y eficaces que consideren objetivos sociales,( poblaciones carenciadas que no
tiene el agua dentro de sus casas, o que son depósitos de basurales clandestinos de
empresas radicadas en San Luis, o bien las roturas de caños cloacales o de agua en
algunos barrios que tardan semanas en ser reparadas). Esto suele ocurrir por que los
entes reguladores, en general, focalizan su accionar en el control de los contratos, en
desmedro de la regulación del servicio a través de incentivos, o sea, controlan los medios
más que los objetivos de la regulación;no hay interés por parte de lo municipios por
expandir, a corto plazo, el servicio a las zonas de baja o nula rentabilidad impositiva , para
lo cual se deben crear incentivos económicos provinciales para la inclusión social y de ese
modo se realicen inversiones en esas zonas no rentables. Podemos observar que en estos
momentos s e encuentran habilitadas varias obras para abastecer de agua potable a
poblaciones rurales, habría que poner énfasis en que los procesos de potabilizacion se
cumplan en el futuro.
Los sistemas de evaluación de impacto ambiental en San Luis están concentrados
en las mismas consultoras de siempre, en muchos caso en personal en dependencias del
Estado Provincial , algunas de ellas tienen serios errores metodológicos las cuales no se
ajustan a las propuestas del resto del mundo, en que se han desarrollado múltiples
instrumentos para predecir, controlar y mitigar los impactos ambientales en las alteraciones
físicas, biológicas y químicas del agua, suelo y otros recursos naturales. El gran reto es
lograr que la EIA mejore la calidad de vida de las poblaciones y éstas puedan participar
activamente en todas las gestiones necesarias para su desarrollo. Desde esta perspectiva es
fundamental colocar lo social en un primer plano,, en el caso de San Luis, ninguna EIA
ha sido sometido a audiencia publica como los disponen los Art. 18,19,20 de la Ley
Nº 25675, y en donde el espíritu de esa ley es reconocer la relación del contexto
ambiental con el contexto social y cultural, mejorando los mecanismos para la estimación
los cambios producidos en éstos ámbitos y promoviendo la participación de los diferentes
actores involucrados en los EIA.
El objetivo esencial debería ser motivar una discusión más integral de lo que
significa el concepto de ambiente y la necesidad de realizar evaluaciones de impacto
ambiental que vinculan los entornos naturales con los humanos, aportando elementos
metodológicos para apoyar la elaboración de evaluaciones de impacto social e incidir en los
procesos democráticos de participación social. Su finalidad debe se un aporte al cambio de
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actitud en la comprensión de lo ambiental como la interacción del medio social con el
medio natural.
Se proponen así una serie de lineamientos estratégicos:
a) Introducir, dentro de los términos de referencia para la elaboración de Estudios de
Impacto Ambiental cuya categoría los identifique como de alto impacto (o riesgo
ambiental), un plan de participación de la sociedad civil, que incorpore
lineamientos más amplios, incluso para las fases iniciales (diseño, pre- y
factibilidad, EIA) del proyecto.
b) Deberán utilizarse instrumentos tales como: exposiciones, foros reuniones,
discusión de elementos específicos, encuestas de opinión, perifoneo, mantas de
divulgación e información, etc.
c) Dentro de esos términos de referencia deberán incluirse elementos de análisis sobre
quiénes son realmente los sujetos del proceso de participación, así como el factor de
género, etnias, ( en el caso de los pueblos originarios)etc.
d) Promover que durante la fase de revisión del EIA, el Proyecto desarrolle foros de
Exposición y discusión del estudio.
e) Desarrollar y formalizar un mecanismo de información a la sociedad civil sobre los
resultados de las consultas o audiencias públicas.
f) Fortalecer las autoridades de EIA con profesionales y metodologías de evaluación
de impacto social.
g) Establecer mecanismos de participación social dentro del proceso de control y
seguimiento del proyecto.
h) Avanzar hacia las más eficientes formas de administración de los servicios y hacia
mecanismos más eficaces de control y regulación;
i) Fortalecer la organización institucional del sector dado que se halla inmersa en un
proceso de adaptación a un mercado cada vez más exigente y al incremento de la
participación del sector privado, y no así de la sociedad civil.
j) Redefinir el papel de las administraciones en las provincias, con el objeto de
fortalecer la formulación de políticas de planificación y de regulación de los
servicios;
k) Avanzar hacia las más eficientes formas de administración de los servicios y hacia
mecanismos más eficaces de control y regulación;
l) Aplicación gradual de las Normas ISO 9000 e ISO 14000, 14001 tanto en el ciclo de
vida de las obras publicas de infraestructura como en las labores que realizan los
distintos programas del ministerio de medio ambiente;
m) Aplicar recursos y esfuerzos para la concreción de sistemas de saneamiento en las
zonas marginales;
n) Propiciar regímenes de regulación y control que preserven equilibradamente los
derechos y obligaciones de usuarios, prestadores y órganos públicos involucrados
o) Elaboración e implementación de una política de fomento a la certificación
ambiental de los proyectos;
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p) Perfeccionamiento de los instrumentos normativos que resguarden la gestión
respecto del manejo y regulación de los recursos naturales;
q) Puesta en marcha de las políticas de desarrollo de tecnologías limpias para el
transporte público y las obras de infraestructura;
r) Desarrollo de instrumentos de subsidios de sostenimientos por parte del Estado
hacia la Sociedad civil Organizada para garantizar su activa y efectiva
participación en las diferentes etapas de los estudio de impacto ambiental( E.I.A)
E) Fortalecimiento institucional.
Se requiere de un soporte al desarrollo de un plan de participación ciudadana masivo con
relación a las políticas ambientales.
Todos deben participar en estos procesos de planificación, sin embargo para asegurar eso
debemos en primer lugar identificar y conocer a los actores del territorio, clasificándolos de
manera tradicional en sector público, privado y social.
Estos actores tienen formas de organización diferentes, por lo que su incorporación al
proceso debe tener en cuenta esta situación y desarrollar formas acordes a sus necesidades y
expectativas.
No partimos de cero, en la mayoría de los casos los municipios cuentan con una densa
trama de organizaciones de diferente tipo. Conocer su dinámica de funcionamiento y las
redes de comunicación establecidas, es un paso esencial.
En este proceso es también necesario definir el rol de la cooperación externa, a menudo
presente por largo tiempo en las regiones, al punto de confundirse con las estructuras
permanentes. Su contribución mediadora y facilitadora debe ser identificada y aprovechada.
Su conocimiento técnico y social de la realidad también puede contribuir enormemente.
La institucionalidad ambiental creada por la Ley General del Medio Ambiente, y
basada en tratados internacionales reconoce en la ciudadanía un conjunto de atribuciones
sobre sus diversos roles en la gestión ambiental del Estado, tanto como proponente de
proyectos, regulador, control, y fiscalización, todos los cuales deben ser fortalecidos.
En particular, corresponde al Ministerio de Medio Ambiente la validación de una
cultura ambiental entre los profesionales y técnicos de las reparticiones publicas, en
conjunto con las Unidades de Gestión Ambiental de los programas y subprogramas y
asegurando la implementación de la necesaria capacitación en la materia, no solo otorgado
por la hegemonía de la ULP, sino también por la sociedad civil y otros organismos
intermedios.
En cuanto al Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y territorial a nivel regional,
Se sugiere la:
a. Participación temprana. La real participación comienza cuando se valida la
existencia misma del proceso por parte de los actores. Si se intenta validar
participativamente los resultados de un proceso de planificación desconocido hasta
entonces por los actores o que entienden como “cosa ajena”, traerá a menudo como
resultado el desinterés o el franco rechazo por parte de los actores locales. Por ello
sostenemos como garantía de éxito del proceso el que este nazca con la legitimidad
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necesaria. Promoción de la incorporación de la dimensión ambiental, territorial y
de participación ciudadana en etapas tempranas del ciclo de vida de los proyectos
b. Ciclo completo. Cada etapa del proceso debe ser planeada como un ciclo completo,
es decir que los participantes visualicen el cierre de una etapa y puedan percibir
efectivamente que sus aportes han sido considerados y que los aspectos de su mayor
preocupación han sido efectivamente considerados. Para esto es fundamental la
retroalimentación de una etapa antes de comenzar la siguiente.
c. Co-responsabilidad. Los actores deben sentirse responsables del proceso y no
invitados a planificar lo que otros deben hacer. Esto implica que los actores deben
asumir funciones activas en la implementación y seguimiento de lo planificado.
d. El involucramiento de la ciudadanía en los proyectos del Estado y. la solución de
los problemas ambientales no sólo corresponde al Gobierno, a los empresarios o a
grupos ambientalistas, sino que a toda la comunidad.
e. Solicitamos impulsar un proceso de participación que apunta al involucramiento
real de la gente en su gestión ambiental.
f. Consolidación del Ministerio de Medio Ambiente , de los roles, funciones,
procesos, procedimientos y atribuciones como organismo fiscalizador.
g. Consolidación de la estructura y funcionamiento de una Secretaría Ejecutiva de
Medio Ambiente en donde estén integrada la sociedad civil.
h. Establecimiento de mecanismos de vinculación con organizaciones sociales como
asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones de base, ONG’s,
universidades, colegios profesionales y parlamentarios, a fin de fortalecer una
gestión ambiental y territorial basada en el principio de cooperación.
i. Elaboración de metodologías que aseguren la efectiva participación de la ciudadanía
en el diseño y ejecución de programas y proyectos, conforme a sus formas de vida y
cultura.
j. Puesta en operación de un programa de formación general, y más especializada de
capacitación de recursos humanos en temas ambientales, territoriales y
participativos, en conjunto con operadores de la sociedad civil, en cursos jornadas y
congresos con puntajes, ya que el Ministerio de Educación no incluye la educación
ambiental, ni a las Ongs Ambientalista.
Uno de los esfuerzos más importantes que se han venido realizando en el campo de la
gestión de las áreas protegidas en prácticamente todos los países desarrollados y en
algunos países de América Latina, es la promoción de la educación ambiental un
instrumento que permite viabilizar la consecución de los objetivos de las áreas
mediante la sensibilización y participación de la sociedad.
Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da tres vueltas a tu propia casa.
proverbio chino
D) Fortalecer y Asumir la dimensión regional
La temática ambiental refleja la enorme riqueza, heterogeneidad y fragilidad
ecológica de San Luis y la diversidad de las temáticas ambientales, territoriales y
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culturales. En este sentido, es necesario desarrollar en el Ministerio de Medio Ambiente, y
otros organismos de aplicación, un proceso de fortalecimiento de la gestión ambiental y
territorial participativa, a través de sus respectivas jefaturas de programas y subprogramas
en Unidades de Gestión Ambiental y Territorial Regional.
Se solicita dar gobernabilidad al tema ambiental en cuanto que el medio ambiente
atañe tanto al Estado como a la sociedad civil, incluyendo organizaciones sociales y
empresariales, sindicatos, organizaciones de base, ONG’s, universidades, colegios
profesionales y legislativos..
El ejecutivo provincial debe reconocer el valor del debate sobre sus proyectos,
los cuales saldrán fortalecidos con el diálogo, los consensos y el respeto de las legítimas
diferencias con el conjunto de actores que en la provincia participan de la discusión
ambiental.
A nuestro criterio son ejes fundamentales a tener en cuenta en las políticas
ambientales de San Luis:

La conservación y protección del patrimonio natural y cultural de la
provincia.

La recuperación de la calidad del agua y su protección.

El mejoramiento de las condiciones sociales, con base en el
fortalecimiento de las actividades económicas sustentables.

El desarrollo provincial armónico en lo regional y locaL
Señor Gobernador, Con estos elementos de juicio nos manifestamos en nuestra
coherencia al mencionar algunos asuntos comunes a nivel provincial como.-
contaminación de ríos, diques , o de una lagunas, basura dentro y alrededor de la ciudad,
pérdida de especies, diversidad biológica y cultural,, todo esto, forma parte de nuestro
proceso de humanización, en cualquiera de las dimensiones en que deseemos ubicarnos.
Con implicaciones que deberán de abordarse de forma inmediata, si es que en verdad
queremos como sociedad tender esfuerzos desde una perspectiva precautoria, ecológica
y sustentable, por tanto solicitamos a que reflexionemos que cultura del agua deseamos
para San Luis.
Le saludan atte.

José Luis Coria
Luis Vega Vergara
Roberto Espinosa.


Samay Huasi Ecocultura FOAPRA