Siete personas mayores fueron rescatados de una residencia para adultos mayores que funcionaba sin habilitación en el barrio Eva Perón de la ciudad de San Luis. Fue a raíz de una denuncia escrita realizada en la dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud por maltrato y agresiones.
Un equipo integrado por la directora de Fiscalización Sanitaria, Belén Lucero Estrada, y los inspectores Maximiliano Gómez y Enzo Marinello (que también es médico); junto con la asesora legal de Salud, la abogada Nora Ortiz Ponce, se dirigió inmediatamente hacia el lugar para realizar las inspecciones correspondientes. Allí se corroboró que siete abuelos de entre 61 y 81 años se encontraban en mal estado físico e higiénico. Fueron revisados por el médico, que constató que estaban deshidratados y dos de ellos en estado de salud crítico. También indicaron que uno tiene ceguera y una señora es sordomuda.
Ante la negativa de la propietaria de la residencia de trasladarlos a un hospital para su revisión pormenorizada, el equipo de Salud se comunicó con la ministra Claudia Spagnuolo y la Policía de la Provincia, lo que provocó que la mujer echara del domicilio al equipo, declaró la ministra. Mientras esperaban el arribo de los oficiales, la dueña “modificó la escena con la que se encontraron los inspectores cuando ingresaron por primera vez a la vivienda”, agregó.
Spagnuolo, el equipo de Fiscalización Sanitaria, la asesora legal, personal de SEMPRO y oficiales de la Comisaría 39º con una orden judicial emitida por la Fiscalía Nº4 a cargo de la doctora María del Valle Durán, ingresaron al domicilio y realizaron un triage a los abuelos para determinar la necesidad de internación en cada uno de los casos.
El resultado de los exámenes arrojó que todos presentaban signos de deshidratación y que dos de ellos efectivamente estaban en situación crítica, por lo que se organizaron los traslados: los más comprometidos fueron derivados al Hospital Central ‘Doctor Ramón Carrillo’; tres al Hospital del Sur; y dos al Hospital Cerro de la Cruz.
La Ministra informó que las condiciones edilicias no eran las adecuadas ni estaban adaptadas para contener personas mayores. Los baños, los dormitorios y la cocina presentaban graves problemas de mantenimiento y no estaban limpios.
Salud está dando seguimiento y acompañando a cada uno de los pacientes. También se les proporcionó a los hospitales las cuatro comidas diarias y asistieron a los abuelos con prendas de los ‘Roperitos Comunitarios’ de cada centro médico. Ahora se espera la autorización judicial para la reasignación en residencias habilitadas.
“A partir de lo ocurrido tenemos que solidarizarnos. Si un docente, un vecino o alguien sabe de un lugar donde puede haber gente que esté sometida -adultos mayores, mujeres, niños-, el ministerio de Salud está abierto a recibir todo tipo de denuncia. Nosotros vamos, constatamos en el lugar y tomamos las medidas que corresponden. Así como actuamos en este caso, estamos dispuestos a hacerlo donde sea. Este es un pedido a la comunidad: si alguien detecta o sospecha de algún lugar clandestino, nosotros tenemos poder para ingresar, fiscalizar, ver si está habilitado, las condiciones de las personas que viven allí y activar el sistema de salud si corresponde, como sucedió en este caso, en el que todas las personas quedaron internadas”, cerró la Ministra.
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